Por: Maximiliano Vásquez Ayesterán
Pensar en reconstruir a nuestro país en este 2026 nos obliga a mirar la realidad de frente, sin vendas ni sesgos ideológicos para pensar y proponer soluciones viables más allá del riesgo político. El sismo ha golpeado con dureza una de nuestras zonas de mayor densidad poblacional y productiva, y es de conocimiento público que el financiamiento internacional directo hacia los canales gubernamentales tradicionales se encuentra severamente restringido por las tensiones políticas. Ante este nudo gordiano, las fórmulas del pasado quedan completamente descartadas. El dinero de la emergencia no puede ser administrado de forma tradicional. Si queremos salvar vidas y devolverle el futuro a las familias, al comerciante o al productor que vio su patrimonio sepultado, necesitamos diseñar e implementar un Modelo de Financiamiento Tripartito Descentralizado que aísle el riesgo político y sitúe al ser humano en el centro absoluto del esfuerzo.
Esto se logra mediante una arquitectura financiera impecable, audaz y transparente, un Fideicomiso Offshore Internacional administrado fuera del alcance de las pugnas políticas tradicionales por un organismo multilateral de prestigio (como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento CAF o el Banco Mundial). Con cuentas operadas y ejecutadas en moneda dura para neutralizar el azote de la inflación local e indexar los costos reales de reconstrucción, los desembolsos deben ser validados por un Comité de Desembolso Local. En esta junta, la sociedad civil organizada, las cámaras empresariales (como Fedecámaras), las academias universitarias y veedores internacionales tendrán el derecho a voto definitivo, dejando al sector público una participación estrictamente técnica. La transparencia no es un lujo negociable en tiempos de tragedia; es la única llave capaz de reabrir el grifo del capital internacional que tanto necesitamos.
Las fuentes de capital están a nuestro alcance si ofrecemos la confianza adecuada. Proponemos reorientar con urgencia los tramos de ayuda humanitaria preexistentes de agencias de la ONU exclusivamente hacia la salud, la reconstrucción física básica, escuelas y otros como redes de agua potable. Paralelamente, podemos activar dos motores extraordinarios: los “Bonos de Reconstrucción de la Diáspora”, microbonos de 50 o 100 dólares respaldados por la multilateral administradora para que los millones de venezolanos en el exterior inviertan con la certeza de que su dinero llegará directamente al terreno, y los “Créditos Fiscales de Emergencia”, permitiendo que nuestras empresas privadas locales deduzcan hasta el 100% de su Impuesto sobre la Renta (ISLR) si invierten directamente de su bolsillo en reconstruir la infraestructura pública homologada en el área del desastre.
La ejecución de estos fondos debe seguir un cronograma técnico, ágil e impregnado de sensibilidad humana en tres etapas claras. Una Fase 1 de Alivio inmediato (meses 1 a 3), que canalice transferencias líquidas directas mediante billeteras digitales y ONGs para asegurar comida y agua. Una Fase 2 de Reactivación (meses 3 a 9), utilizando una porción del fondo para garantizar créditos a tasa cero en la banca privada nacional orientados exclusivamente a que los comercios destruidos repongan inventarios y reactiven empleos. Y finalmente, una Fase 3 de Reconstrucción a largo plazo para licitaciones de infraestructura sismorresistente.
Desde las páginas de La Nación levantamos la voz con la convicción de que este andamiaje propuesto no solo es económicamente viable, sino moralmente impostergable. No somos espectadores de la desgracia, asumimos con determinación el compromiso de ser arquitectos de la solución.
